-El asesinato de un honorable soldado
que sigue en la impunidad
– Han pasado 40 meses del asesinato del Mayor Héctor Torres Coyantes y no hay responsables; familia pedirá justicia al gobierno de AMLO
Especial.- El crimen comprobado de un elemento del Ejército Mexicano, cometido el 21 de octubre de 2015 en plenas instalaciones militares en el municipio de Huehuetoca, estado de México, ha quedado en la plena impunidad, e increíblemente tres años y cuatro meses después, el caso se ha archivado en el olvido, confiando en que, en algún momento, la familia se arte, se canse de exigir justicia y poder así, dar carpetazo a un hecho inédito, que ha puesto en tela de duda, la honorabilidad y credibilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante estos cuarenta meses, la madre y el padre del joven Héctor Octavio Torres Coyantes, Mayor del Ejército Mexicano y entonces Jefe de Servicios del Campo Militar No. 37-C, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, no han cesado en su deseo de limpiar el nombre de su hijo, debido a que para el Ejército, la muerte se trató de un suicidio, pero para sus amigos y familiares, fue un acto cobarde premeditado que acabó con su vida… además de exigir justicia por este acto impune.
El periodista Héctor Torres Barrón, padre del Mayor asesinado, se ha trasladado de Los Mochis a México, por lo menos unas 40 veces. Se reunió en su momento con el General Salvador Cienfuegos, a quien le expuso el caso de su hijo y quien le ofreció una inmediata investigación… investigación que lamentablemente nunca llegó.
Ministerios públicos del fuero común y del fuero federal, así como peritos investigadores, públicos y privados, abogados, funcionarios, testigos, todos hasta este momento, han fracasado una y varias veces, aún cuando todos sabes que se trató de un asesinato, y todo por la complicidad, y por no ensuciar una imagen cada día más desgastada, la del Ejército Mexicano.
Torres Barrón no pierde la fé de encontrar justicia. Siente que solamente de esta manera, el alma de su hijo descansará en paz y su familia, encontrará consuelo.
Siempre trae en su portafolio, un escrito que ha mandado a la mayoría de los medios de comunicación del país. En ese documento expuso todo lo sucedido en el día del asesinato, desde que llegó su hijo a su departamento aquel 21 de octubre, adentro de las instalaciones del Campo Militar No. 37-C, así como toda una novela que idearon para cubrir un crimen que no debió ocurrir.
Cabe recordar que primeramente las autoridades militares como del Fuero Común, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quisieron declarar el caso como un suicidio, sin embargo al solicitar a la PGR su intervención, por el rango de Torres Coyantes y por haberse registrado el hecho en un campo miltar, esta dependencia federal abrió una carpeta de investigación que trabajó de manera paralela al fuero común y miitar.
Según un fuente cercana a la PGR, dentro de su investigación encontraron evidencias de que este incidente había sido un homicidio, encontrando involucrada presuntamente a la viuda y a un militar, como sospechosos de este hecho, dado que habría descubierto una infidelidad entre ambos.
Esta investigación también determinó un punto clave que indicaba que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato, la prueba de radiosonato de sodio practicadas al cadáver, donde en ambas palmas de las manos y dorso, salieron negativas.
Las sospechas aumentaron, cuando la hoy viuda, Raquel “N”, fue citada a declarar en varias ocasiones, y en cada una de estas caía en contradicciones. Incluso, se tiene conocimiento, que ha sido citada a declarar en estos últimos meses y no ha asistido, cambió su lugar de residencia a un municipio desconocido de Sonora, pero tampoco ha pasado absolutamente nada por la negación a declarar.
Otro dato importante para el esclarecimiento de este crimen, fue que el arma que se usó para dar muerte al Mayor del Ejército, fue sacado con lujo de violencia por el militar señalado, de las instalaciones del Ministerio Público, donde se guardaba como evidencia, y regresada días después con fines desconocidos.
Después de tener todos los elementos necesarios para consignar a los culpables, misteriosamente el MP Federal se declara incompetente para continuar con este caso, quedando de esta manera truncada esta investigación.
En cuanto a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común, el primer titular a cargo de este hecho, fue removido cuando también la investigación seguía su camino.
Al cumplir tres años de búsqueda de justicia, Héctor Torres papá del finado, envió una carta al entonces Presidente Enrique Peña Nieto donde exponía todo lo narrado. Tampoco nunca obtuvo respuesta, solo silencio.
Al cuestionarle a Héctor Torres si teme por su vida, al continuar exigiendo se haga justicia e investigando por cuenta propia este homicidio, señala que en lo personal, no tiene ningún temor y que confía en que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le haga justicia a su familia.
En el caso de los nietos, tres hijos que dejó el Mayor con su entonces esposa, señala que debido a que ha cambiado de domicilio en varias ocasiones, no han podido verlos, y que los extrañan todos en su familia. El General Salvador Cienfuegos, ex titular de la SEDENA, nunca quiso esclarecer este caso, sino todo lo contrario, se dedicó durante todo su periodo después de este crimen, se obstaculizar e interferir para que este caso nunca se esclareciera.
Si fue la viuda y su presunto amante, los responsables de este crimen, es hora de que la honorabilidad del Ejército permita que este esclarecimiento se torne una realidad y no continúe interviniendo para que la verdad nunca se sepa. Caiga quien caiga, por el bien de esta institución y por la justicia de uno de sus miembros, es hora de hacer justicia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador es el único que puede ordenar a su Secretario de la Defensa, dar celeridad a este infame acto, la familia así lo espera porque dan nuevamente un voto de confianza hacia la autoridad que gobierna México hoy en día.
