*En el documento, el gobierno asegura que las prácticas deliberadas por este tipo de compañías generan que cárteles mexicanos se equipen con armas.

ÁNGEL HERNÁNDEZ (MILENIO)

El gobierno de México demandó en materia civil a empresas estadunidenses dedicadas a fabricar armas, por facilitar su importación hacia el país y que éstas queden en manos de cárteles de la droga y demás grupos del crimen organizado.

México argumentó que entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en su territorio provienen de Estados Unidos, y en su mayoría son de siete marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Colt y Ruger. Además, anualmente cerca de 340 mil armas de estas firmas llegan a México desde sus plantas productoras en Massachusetts.

Incluso, añadió a la marca Barrett, por su rifle de francotirador y antiblindaje de calibre 50, citado como “un arma de guerra predilecta por los cárteles de la droga”; como ejemplo, señaló el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020.

En el documento se advierte que la ola de armas militares en México es un resultado previsible por las acciones y deliberadas prácticas de negocios de las empresas demandadas. Por ejemplo, trabajar con vendedores y revendedores de armas corruptos, diseñar armas que puedan ser fácilmente modificadas para ser automáticas, e incluso publicitarlas de una forma en la que atraigan a organizaciones criminales trasnacionales.

La demanda detalla que las compañías están informadas de prácticas como la ventas con intermediarios, donde personas con autorización para tener armas, más no venderlas, obtienen el equipo y después lo cruzan por la frontera hacia México. En ocasiones, apuntaron, se trata de decenas de piezas compradas por una sola persona.

Además, explicaron que los fallos en diversas cortes en materia de ventas de armas han obligado a las firmas a regular su venta, distribución y diseño, aunque lo han evitado “cabildeando reformas” en la materia, a través de congresistas aliados.

También, acusaron que, a pesar de ello, las firmas han decidido no implementar monitoreos ni controles de sus sistemas de distribución, a pesar de tener formas de implementar estas restricciones.

Las exigencias de México
Las autoridades mexicanas realizaron una listas de los fines que busca con esta demanda, entre los que se encuentran:

Emitir fallos solidarios contra los demandados y a favor del gobierno mexicano.
Presentar medidas cautelares y equitativas contra los demandados exigiéndoles reducir y remediar las molestias públicas que han creado en México, crear e implementar estándares suficientes para monitorear y disciplinar razonablemente sus sistemas de distribución, incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados; y financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilegal de armas.
Presentar una orden judicial contra los demandados, exigiéndoles que tomen todas las acciones necesarias para mitigar el daño actual y futuro que su conducta está causando y que de otra manera causaría en el futuro en México
Otorgar al gobierno de México una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio
Otorgar sanciones civiles según lo permita la ley
Restitución y devolución de las ganancias de los demandados.
Reparación de daños en una cantidad que se determinará en el juicio y que sea suficiente para castigar a los demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o repetir su conducta ilegal
Restituir intereses previos y posteriores al juicio según lo permita la ley
Restituir los costos de la demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, según lo dispuesto por la ley
Otorgar una reparación adicional, según lo requiera el caso, y se considere justo y apropiado.